El interés de la agroindustria en el posconflicto

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SOSTENIBILIDAD Y ASOCIATIVIDAD, ENTRE LOS RETOS
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Por Maria Alejandra Medina

La Cámara de Comercio Colombo-Americana manifestó su interés de generar inversión en el campo colombiano. Tienen expectativa sobre la ley de zidres, que aún tiene una demanda pendiente por inconstitucionalidad ante la Corte.

La confianza inversionista que se anunció como uno de los efectos de la firma e implementación de un acuerdo de paz con las Farc parece estar materializándose. En su asamblea general, la Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham) discutió sobre la importancia de crear un comité especializado en agroindustria, que se suma a otros 13 que ya existían en esta organización, pero enfocados en otras tareas y sectores, como el de tecnologías de la información de las comunicaciones.

El fin del conflicto armado en zonas rurales del país, sumado a herramientas que se han generado durante los últimos meses, como los resultados del primer censo nacional agropecuario en 45 años y las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, está sentando las bases para que la inversión extranjera ponga sus ojos sobre el campo colombiano. “Ha habido una evolución en el país que se desprende en parte de que se firmara un acuerdo de paz que permite la incorporación a la vida institucional de unos territorios que estuvieron durante mucho tiempo en guerra”, expresó Camilo Reyes, director ejecutivo de Amcham.

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Sin embargo, es claro que el interés viene acompañado de retos. José Antonio Ocampo, exministro de Agricultura, codirector del Banco de la República y director de la Misión para la Transformación del Campo, recordó lo que este grupo de expertos encontró como fundamental para desarrollo rural en Colombia. Por ejemplo, el cuidado de los recursos naturales. “El desarrollo económico debe garantizar, a su vez, la protección del medioambiente, en particular del agua, los suelos y la biodiversidad como elementos constitutivos y fundamentales para el desarrollo de actividades rurales. Además, por razones de equidad intergeneracional, el ritmo de extracción de los recursos naturales no renovables debe garantizar el bienestar no solamente de la generación actual, sino de las futuras”, es precisamente una de las consignas de la Misión.

De acuerdo con Rafael Mejía, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia y quien también formó parte del grupo de expertos para la Transformación del Campo, la sostenibilidad ambiental en el desarrollo rural es un asunto que urge atención, teniendo en cuenta que se calcula que en 2050 la falta de agua, producto del cambio climático, reducirá la productividad del país en 15 %. Paradójicamente, al tiempo, el presidente Donald Trump anunciaba la firma de una orden ejecutiva para deshacer el plan de energía limpia, que obligaba a los Estados a reducir sus emisiones de carbono.

El ambiente de la asamblea, sin embargo, fue de confianza respecto a las relaciones de Colombia con Estados Unidos. El presidente Juan Manuel Santos dijo que está seguro de que el país norteamericano seguirá siendo nuestro principal socio comercial. Resaltó avances durante los últimos cinco años en el comercio con la economía más grande del mundo, como el registro de 2.200 nuevos exportadores hacia ese país y la ampliación de la oferta nacional en 450 nuevos bienes exportables. “El déficit comercial (entre los dos países) se ha reducido en 70 % en el último año, de US$5.000 millones en 2015 a US$1.400 millones el año pasado”, afirmó el primer mandatario.

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Áreas Zidres: Conozca las áreas Zidres, el plan para fomentar la producción campesina//Caracol Radio.com

Camilo Reyes, por su parte, resaltó otro elemento que atrae a las empresas: la “evolución normativa”. Con ello se refiere a la expedición de la ley de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres), que en febrero pasado la Corte Constitucional dejó en firme, pero que todavía tiene una cuenta pendiente en el alto tribunal, pues aún está por resolverse una demanda por inconstitucionalidad. Los empresarios ven en la norma una herramienta de seguridad jurídica, mientras que los demandantes de la ley la ven como una afrenta para el acceso a tierra por parte de campesinos pobres sin tierra, entre otros reparos.

José Antonio Ocampo resaltó la importancia que dio la Misión a la asociatividad entre pequeños productores y el fomento a la agricultura familiar. Allí es precisamente donde se aloja otra de las preocupaciones de los opositores a las zidres: en que la relación entre empresarios y campesinos sea desigual.

De acuerdo con Rocío Peña, investigadora del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, la política en Colombia ha tenido un sesgo en favor de la agroindustria y la estructura institucional históricamente no ha representado lo suficiente a los campesinos o no ha permitido que al Estado lleguen sus demandas. “Hicimos un barrido de las normas jurídicas que se expidieron desde 1991 y todas van hacia el desarrollo agroindustrial”, explicó Peña, una de los ciudadanos que demandó la ley.

Otros, como Rafael Mejía, quien defendió las zidres desde la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia, cargo que dejó el año pasado, ven en el país espacio para que diferentes tipos de producción, como el agroindustrial y el familiar, coexistan a través de una figura como las zidres.

Tomado de El Espectador.com

 

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