Una de las polémicas más grandes que se armó en redes sociales la semana pasada fue a raíz del levantamiento de la prohibición para el comercio de caimanes aguja en la bahía de Cispata y sectores aledaños en el departamento de Córdoba. Representantes a la Cámara, periodistas y supuestos líderes de opinión manifestaron su indignación por la medida.

Esas “voces preocupadas” poco se interesaron en oír las razones que dieron múltiples expertos que llevan estudiando el tema durante años y trabajando con las comunidades de la zona para restituir la población de caimanes, la cual estuvo amenazada al punto de llegar a tener apenas seis animales censados. Hoy, gracias al arduo trabajo de científicos y la comunidad, se logró implementar un esquema de crianza de caimanes que permite la sostenibilidad de la especie, además de la supervivencia de la comunidad a través de la explotación adecuada del animal.

Prohibir en vez de regular. Esa parece ser la consigna preferida por los colombianos. Lo mismo ocurre con la minería, por ejemplo (¿alguien se ha olvidado de las nefastas consultas en varias poblaciones para prohibirla, como la de Cajamarca?), o con la pólvora. Qué empeño por prohibir sin pensar en las consecuencias. Es ingenuo creer que con poner por escrito la prohibición en una ley se va a proteger el medio ambiente, impidiendo la explotación del caimán aguja, o a impedir la explotación de una veta de oro, o a proteger la salud por no quemar pólvora.

La prohibición no impide ni que se explote el caimán aguja, ni que se extraiga oro, ni que se queme pólvora. La prohibición lo único que hace es volver esas actividades ilegales, además de abrir debates sobre la injerencia del Estado en libertades individuales que dan para libros enteros de filosofía y ciencia política.

No importa la prohibición: a los caimanes los seguirán explotando, el oro se seguirá extrayendo y la pólvora se seguirá quemando. Con la diferencia de que todo se hará en la clandestinidad, mal hecho, sin pagar impuestos, pero sí con coimas, regalos y mermelada. Muy distinto sería regular en lugar de prohibir. Involucrar a las comunidades, como en el caso del caimán en Córdoba; o monitorear y regular fábricas de pólvora con estándares de calidad mínimos que protejan a los usuarios; o asegurar la explotación minera con operadores idóneos y certificados.

Desafortunadamente, el Estado colombiano ha mostrado una incapacidad abrumadora para lograr hacer respetar la ley, incluyendo la regulación de actividades específicas. Y esto en últimas termina en que la política de Estado se vuelve la fácil de vender y eventualmente de aplicar (prohibir), y no necesariamente la correcta, aunque más difícil de ejecutar (regular).

Los incentivos rara vez se eliminan con la prohibición. Es importante fortalecer la capacidad de monitoreo y regulación del Estado. Y dejar la indignación; y más bien tratar de entender y pensar antes de opinar.

Tomado de El Espectador.com