De motor económico a catástrofe ecológica

Hasta hace unos meses, el proyecto hidroeléctrico Hidroituango no estaba en la mente de los colombianos ni figuraba en las noticias del país.

Esta mega construcción es una de las grandes obras promovidas por el gobierno de Juan Manuel Santos, con el propósito de acelerar el desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático mediante la producción de energías limpias y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Hidroituango –el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia– se localiza sobre el río Cauca, al noroccidente del departamento de Antioquia, y sus obras se extienden a más de 10 municipios y corregimientos. La hidroeléctrica generaría alrededor del 17 por ciento de la demanda de energía eléctrica del país.

A partir del 28 de abril de este año, Hidroituango figuraría en la primera plana de la prensa nacional. Ese día, uno de los túneles construidos para el desvío del río Cauca sufrió un taponamiento, y esto hizo que el río se represara aguas arriba y que su caudal disminuyera en la otra dirección. Aunque se informó que los escombros que obstruían el túnel habían sido removidos, muy pronto se produjo un nuevo taponamiento.

 Han sido reiteradas las alertas y evacuaciones en varios municipios que se verían seriamente afectados si no se logra contener la furia del Cauca. 

El 9 de mayo Empresas Públicas de Medellín (EPM) -constructora y futura operadora de la hidroeléctrica- informó que uno de los tres túneles de evacuación de agua se había destapado, de manera que el agua pudo volver a fluir.

Pero la calma fue pasajera, y al día siguiente (10 de mayo) los encargados del proyecto decidieron inundar la casa de máquinas para liberar algo del caudal. Cuando se creía que esta medida iba a resolver el problema, un destaponamiento natural produjo la crecida súbita del Cauca, ocasionando daños en el corregimiento de Puerto Valdivia, y orden de evacuación en los municipios cercanos.

Desde ese momento han sido reiteradas las alertas y evacuaciones en varios municipios que se verían seriamente afectados si no se logra contener la furia del Cauca.

Corriendo contra el tiempo, los empleados de EPM han trabajado para acabar la construcción de la presa que permitiría contener el cauce, y guiarlo hacia el vertedero. Sin embargo, en los últimos días varios informes han mostrado que las filtraciones del agua hacia la presa mantienen el estado de alerta, y que la incertidumbre sigue siendo enorme.

Los habitantes de los 17 municipios en estado de alerta nos obligan a dejar de lado el afán de desarrollo económico para concentrarnos en mitigar el riesgo ante un posible evento o desastre de origen hidrogeológico que podría afectar severamente e incluso arrasar estos municipios.

Las esperanzas están puestas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGR)  conformado por un conjunto de actores públicos, privados y de la sociedad civil, bajo la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), la presidencia de Colombia y las oficinas municipales de gestión del riesgo. El SNGR está trabajando arduamente para evacuar y ejecutar los diferentes planes de respuesta y emergencia ante un evento de esta magnitud.

Gracias a que su diseño institucional hace posible la coordinación nacional, y a que su carácter descentralizado permite un buen manejo de la reducción del riesgo, el SNGR es uno de los entes de gestión de riesgo más eficientes de Latinoamérica. Gracias a él, la respuesta del Estado ha sido medianamente oportuna y eficaz.

Sin embargo una catástrofe como ésta nos obliga a reflexionar sobre las condiciones que hicieron posible –o impulsaron– este escenario que hoy pone en peligro la vida de cientos o miles de colombianos.

Desastre estatal, no natural

Hidroituango. Foto: Presidencia de la república

Para empezar, es importante señalar que numerosos académicos, especialistas y técnicos en desastres coinciden al afirmar que los desastres nunca son naturales. El término “desastre natural” ha entrado en desuso gracias al reconocimiento de que los desastres siempre son producto de variables de riesgo –de tipo ecológico, económico, social y cultural– que se conjugan y propician la ocurrencia de un evento catastrófico.

Con demasiada frecuencia, las principales variables de riesgo son problemas sociales no resueltos que a su vez son consecuencias de un modelo particular de desarrollo económico. En el caso colombiano, el desarrollo económico tiende a generar vulnerabilidad social, pues aumenta la desigualdad entre pobre y ricos.

El concepto de Construcción social del riesgo nace del reconocimiento de que ciertas variables de carácter social configuran escenarios de alto riesgo. Este concepto sirve para reflexionar sobre Hidroituango, pues si bien esta catástrofe fue acentuada (i) por un invierno intenso (producto de la variabilidad climática que ha aquejado a Colombia durante los últimos años) y (ii) por la inestabilidad geológica de los Andes (variable que debió ser tenida en cuenta al impulsar el proyecto), su verdadero origen debe buscarse en sucesivas versiones del Plan Nacional de Desarrollo y sus locomotoras minero energéticas.

Como si fuera poco el gobernador de Antioquia (copropietaria de Hidroituango) Luis Pérez ha señalado en repetidas ocasiones y en medio de la crisis que EPM oculta información sobre el estado real del proyecto. Si esto resulta  ser verdad, la empresa estaría poniendo en riesgo y de manera sumamente irresponsable la vida de las personas que se encuentran en su zona de influencia.

Construcción social del riesgo

Emergencia hidroituango. Foto: Gobernación de Sucre

Es importante preguntarse si dentro de los planes de gestión del riesgo con los cuales se empezó a construir la obra, se consideró un desastre como el que está sucediendo en este momento.

Seguramente la acción del Estado y principalmente del SNGR será oportuna para mitigar el riesgo, pero ante una eventual catástrofe de este tipo las pérdidas económicas y materiales serán incalculables, sin contar las vidas que se perderían.

Si bien grandes proyectos de infraestructura como éste responden a una clara necesidad de acelerar el crecimiento económico del país, los daños asociados o “externalidades negativas” –muchas veces imposibles de controlar– suelen implicar altos costos ambientales y sociales que afectan el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El SNGR es uno de los entes de gestión de riesgo más eficientes de Latinoamérica. Gracias a él, la respuesta del Estado ha sido medianamente oportuna

Por eso es necesario tener en cuenta la Construcción social del riesgo al formular grandes proyectos que comprometan la integridad de la nación. No sólo se trata de Hidroituango, sino de los proyectos de explotación minera que emplean técnicas como el fracking o fracturación hidráulica, los cuales acarrean un daño ecológico y social irreversible.

Por otra parte, el desplazamiento de miles de familias afectadas por Hidroituango debería ser un drama suficiente para que los colombianos asentados en zonas urbanas fuera de peligro, comprendamos la férrea oposición de numerosas comunidades frente a proyectos de desarrollo energético y minero en sus territorios. Ellos reconocen el riesgo social y ecológico que esas obras representarían en caso de ser llevadas a cabo.

Finalmente, la tragedia de Hidroituango debería hacer que la sociedad ejerza mayor presión y control sobre el Estado a la hora de llevar a cabo este tipo de iniciativas.

Las consultas previas y otros mecanismos de participación social que permiten que las comunidades decidan sobre su bienestar tienen hoy más vigencia y relevancia que nunca.

*Ecólogo, Magister en Desarrollo Rural, Doctor en Planificación y Gestión del Territorio.