La histórica decisión se tomó al estudiar una tutela que presentaron un grupo de 25 menores de edad, representados por el director del Centro de Estudios Dejusticia. La decisión advirtió el incremento alarmante del 44% en la deforestación en la región, pasando de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016. Y señaló que el Estado no ha enfrentado eficientemente esta problemática ambiental. Por eso, ordenó crear el “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC” para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, así como la incorporación de componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial. 

“Creo que llegó la hora de pensar seriamente sobre el cumplimiento de la sentencia porque ese compromiso de palabra no se ha traducido en acciones eficaces”, dijo el vocero de Dejusticia, César Rodríguez. El experto indicó que la sentencia tiene dos órdenes novedosas sobre las cuáles hay pocos ejemplos internacionales sobre cómo se podrían desarrollar. Una, la expedición de un pacto intergeneracional contra el cambio climático. Y otra, la de implementar un plan contra la deforestación que permita cumplir la meta de reducir la tasa neta a 2020 de deforestación.

 Rodríguez indicó que la propuesta del Gobierno actual en el Plan Nacional de Desarrollo que estudia el Congreso en realidad amplía el cupo de árboles talados que se permitirían en el cuatrienio del gobierno de Iván Duque.

“Los números de la deforestación, y las políticas propuestas de la administración actual va directamente en contravía de las órdenes de la Corte”, señaló. El experto anunció que se le pidió alTribunal Superior de Bogotá, que estudió esta tutela en segunda instancia, que cree un mecanismo que permita rendir cuentas a las entidades encargadas de cumplir el fallo.

“Establecer un mecanismo de seguimiento sencillo, que tenga momentos públicos de rendición de cuentas”, señaló. De otro lado, Rodríguez apuntó que la movilización contra el cambio climático se ha disparado de tal manera que hoy hablar de los derechos de las próximas generaciones es más fácil que hace un año y ha permitido ir actualizando el debate jurídico sobre la titularidad de derechos. “Somos las primeras generaciones que destruimos el planeta y sabemos que los estamos destruyendo. Si hubiéramos actuado hace 30 años, no tendríamos la urgencia que tenemos hoy dijo”.

De otro lado, el magistrado ponente de esa decisión, Luis Armando Tolosa, señaló que las altas cortes poco a poco han abordado esta discusión. “Es imperativo abogar por la construcción de un estado de derecho ambiental. Si no somos conscientes de que el medio ambiente es un derecho fundamental, no un derecho colectivo, no vamos a tomar conciencia verdadera”, dijo.

La decisión

La Corte Suprema hizo una juiciosa recopilación de los hechos que han puesto al cambio climático en la agenda internacional de políticos, jefes de Estado y del mundo en general. “Los ecosistemas están expuestos a situaciones muy extremas que impiden su subsistencia; ello trae consigo un agotamiento de los recursos naturales, sean o no renovables. Nos enfrentamos a una ascendente dificultad para obtener los medios indispensables de subsistencia para la población mundial y a la contaminación y mutación de nuestro entorno por la colonización irracional de los bosques y ampliación de las fronteras urbanas, agrícolas, industriales y extractivas que aumentan la deforestación”, señaló el alto tribunal en la sentencia.

La humanidad, para la Corte Suprema, es la principal responsable de este escenario. Pero a la vez, cada día es más consciente de que esos efectos deben reducirse como sea. Por eso, explica que desde la justicia se deben aplicar ciertas medidas para que los Estados de derecho protejan los derechos colectivos y dejar de pensar en los intereses propios. “Estamos obligados a considerar cómo nuestras obras y conducta diaria incide también en la sociedad y en la naturaleza”, explicó el alto tribunal, haciendo especial énfasis en el hecho de que es ese comportamiento es el que puede salvaguardar los derechos ambientales de las futuras generaciones.

Como principales causas de la deforestación, explicó la Corte Suprema, están: el acaparamiento ilegal de tierras, entre el 60 y 65%; los cultivos ilícitos, entre el 20 y 22%, la extracción ilegal de yacimientos minerales, entre el 7 y 8%, y los cultivos agroindustriales y la extracción ilegal de madera. «Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción», apuntó el alto tribunal en su fallo, que tuvo como ponente al magistrado Luis Armando Tolosa.

Para la Corte Suprema de Justicia es claro que el Estado colombiano, pese a diferentes compromisos internacionales, no ha hecho lo suficiente para frenar la deforestación y el cambio climático en el país. Lo dijo el alto tribunal de manera directa en su sentencia y sus órdenes urgentes a la Presidencia y diferentes entidades demuestran la importancia de atacar este tema lo más pronto posible. Entre algunas de sus decisiones está la orden a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente a que, en un plazo de no más de cuatro meses, formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático.

Tomado de El Espectador.com