Cuando Noticias Uno publicó el lunes festivo 29 de junio que el fiscal Barbosa y el contralor Córdoba —líderes del autodenominado “bloque anticorrupción” creado por ellos para supervigilar los dineros de la pandemia— se habían ido de paseo a San Andrés con sus esposas y un grupito de sus funcionarios, ambos respondieron con altanería a la posterior lluvia de críticas de los ciudadanos y los medios. Ofendidísimos, contestaron a quienes osaron pedirles que rindieran cuentas, con frases de este estilo: “… siempre, siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré”. O: “¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que quieren (sic)… que no vayamos a las regiones?”. Barbosa afirmó que, pese a viajar con sus parientes y amigos, su visita a la isla tenía carácter profesional porque iba a examinar los procesos pendientes. Horas después y para demostrar que no mentía, anunció que la Fiscalía acusaría al gobernador de San Andrés y pediría casa por cárcel para este por firmar un contrato de piezas publicitarias sobre el coronavirus, sin cumplir los requisitos legales. El gobernador respondió que era el chivo expiatorio del escándalo.

Pero, ¡gran sorpresa!, solo dos semanas y media después, el 17 de julio, viernes de la semana pasada, el reportero José Andrés González, del noticiero del mediodía de Caracol Radio, encontró unos “contratos cuestionados de Fiscalía y Contraloría en medio del coronavirus”, tal como tituló su nota. Según sus hallazgos, los dos organismos adjudicaron, de manera directa, sendos contratos a una misma empresa por valor total de $1.300 millones para el suministro de miles de tapabocas y otros productos de bioseguridad. Curiosamente, el objeto comercial de la firma beneficiada, Bon Sante SAS, es la venta de cosméticos y alimentos que prometen ser nutritivos y detener los efectos de la vejez. Bon Sante fue creada hace dos años, en agosto de 2018, (fecha de elección de Felipe Córdoba) con un capital de apenas $20 millones, y en su dirección física, en Bogotá, no hay oficinas sino talleres de reparación de motos.

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Como ustedes recordarán, las esposas viajeras del fiscal y el contralor han trabajado como subalternas de ellos, en un conveniente cruce de cargos: la del fiscal, en la Contraloría; y la del contralor, en la Fiscalía. Esta, Marcela Yepes, ocupaba hasta hace pocos días uno de los puestos de mayor poder en el ente de investigación: secretaria ejecutiva. Su cargo le permitía decidir sobre la totalidad de los contratos de esa institución. Por tanto, participó en la aprobación del contrato con Bon Sante que tiene fechas y radicados de extraños consecutivos: el 17 de marzo, su oficina laboró a marchas forzadas: ese mismo día se escribió un concepto que indicaba que la directora Yepes podía declarar la emergencia manifiesta para contratar directamente; se declaró esta figura; se justificó la necesidad de adquirir tapabocas; por arte de magia se presentó la solitaria cotización de Bon Sante; se le adjudicó y se firmó el contrato. Tamaña rapidez, sin embargo, se hizo con desgreño porque los consecutivos indican el desorden y la premura: los que debían originar la compra se radicaron después y los que surgieron como consecuencia de la necesidad de la compra se crearon antes, de acuerdo con revisiones hechas por esta columna.

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En total, la Fiscalía firmó con Bon Sante tres contratos por $623 millones, por la compra de 290.000 caretas (¡¡290.000!!).

En la Contraloría dirigida por el esposo de la directora ejecutiva de la Fiscalía, el desorden también es evidente: el contrato con Bon Sante se firmó un mes después del primero del ente de Barbosa: el 16 de abril. Se adquirieron elementos de bioseguridad para sus empleados que, dicho sea de paso, trabajan de manera virtual en su inmensa mayoría, desde cuando se declaró la primera cuarentena. Se firmó por $722 millones y en su expediente, el que legalmente debe alojarse en la plataforma oficial SECOP, no hay registro de casi ninguno de los requisitos que la Contraloría les exige a sus investigados: no existen cotizaciones distintas a la de Bon Sante; no se informa el objeto preciso, las características ni la utilidad de los productos que se comprarán, y tampoco se adjuntan las pólizas de seguridad y calidad. Tampoco fue enviado a la Auditoría General para su examen. Ni en la última alcaldía de La Guajira ocurriría semejante estropicio. Primera curiosidad: el retiro de la esposa de Córdoba, Marcela Yepes, de la Fiscalía se anunció horas antes de la publicación de la noticia en Caracol. Su renuncia escrita tiene fecha anterior pero no existe sello de radicación oficial. Segunda curiosidad: el gerente y el subgerente (socios) de Bon Sante tienen cédula de Pereira, ciudad de donde es oriundo el contralor Felipe Córdoba. Tercera curiosidad: el 17 de julio, día de la noticia del reportero González, Bon Sante cambió su dirección y amplió su objeto social. Demasiadas casualidades para ser solamente eso.

Tomado de El Espectador.